La situación fue descubierta mediante una auditoría.
El Gobierno de Tucumán dispuso sanciones contra 58 empleados de la Administración Pública por haber percibido ingresos de manera irregular, a través del plan de reinserción laboral. La medida se tomó con el cierre de la auditoría que había iniciado nueve meses atrás producto de la causa “Ceirón”, tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py.
Se comprobó que los involucrados percibían en simultáneo los beneficios del plan social Poterciar Trabajo.
La suspensión es por 30 días sin goce de sueldo pese a que los instructores del sumario habían recomendado el despido de los involucrados. Según se explicó, la cesantía “implicaría la extinción de la relación de empleo público” y esto colocaría a los agentes “en una situación de vulnerabilidad social y económica aún de mayor gravedad a aquella que la autoridad de aplicación nacional verificó como requisito al momento del ingreso al programa”.
De los 58 empleados públicos sancionados, siete pertenecen al Ministerio de Educación de la Provincia, uno a la Secretaría de Gestión y Planeamiento, 27 al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, seis al Ministerio de Seguridad y 17 al Ministerio de Desarrollo Social, según el decreto 2.808/1.
