Comenzaron los alegatos en el juicio contra el ex rector y otros tres ex funcionarios universitarios por las obras con las utilidades mineras entre 2006 y 2009.
Las irregularidades en la contratación de obras fueron un factor central en este caso. Se identificó un subsistema ilegal de contratación de obras con graves anomalías en 13 casos específicos. Estas irregularidades incluyen la renuncia arbitraria a fondos y una flagrante falta de controles en los procesos de contratación. Hubo una clara falta de cumplimiento de normativas y una omisión de controles que permitieron estas irregularidades. “Hablamos de un caso grave de corrupción estructural en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán”. Basado en esos parámetros, y con esa adjetivación de la causa, Pablo Camuña, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, dio comienzo al alegato del Ministerio Público en el juicio que tiene como imputados al ex rector de la casa de Altos Estudios, Juan Alberto Cerisola, y a los ex funcionarios universitarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- en el marco del destino que se les dio a los fondos mineros que llegaron de YMAD.
Según Camuña, “se ha comprobado un daño patrimonial: este perjuicio se debe principalmente a sobreprecios detectados en 13 obras”. “El impacto de estas acciones no se limita solo al aspecto financiero, ya que se destaca un daño institucional significativo al prestigio de la Universidad, un daño que persiste hasta la actualidad”, agregó. Y luego ahondó: “la responsabilidad recae directamente sobre funcionarios públicos involucrados en la gestión de fondos y la ejecución de las obras”. “Cerisola defraudó a sabiendas los intereses de la UNT a él confiados y le ocasionó un perjuicio de al menos $ 53.400.973.261,18, por lo que deberá responder penalmente”, remarcó el fiscal.
El juicio se inició en mayo del año pasado, y por el estrado que presiden los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, pasaron decenas de testigos. Camuña dijo que “hubo una serie de maniobras ilícitas entre 2006 y 2010. Los acusados, junto a otros, diseñaron, pusieron en marcha y/o aplicaron un sistema para gestionar y disponer de fondos millonarios por fuera de las normas legales. Ese sistema se desarrolló con el sentido de canalizar esa extraordinaria cantidad de fondos públicos para darles un tratamiento arbitrario, discrecional, excepcional, oscuro, desprovisto de controles y sobre todo por fuera de todas las normas, principios y reglas mínimas en materia de contrataciones públicas, inversiones y obras públicas”. “Esperamos -añadió- que este daño se alcance a reparar, aunque sea parcialmente en estos días. Además de grave, por supuesto que es un caso complejo. La explicación, si uno efectúa los mecanismos de interpretación adecuados a estas complejísimas maniobras, termina siendo bastante simple. De hecho, termina siendo bastante brutal”. Advirtió además que “todos están acusados como autores del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y por la administración fraudulenta de bienes de la Universidad Nacional de Tucumán, institución a la que le generaron un perjuicio patrimonial”.
La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad. Cerisola, que asumió como rector en 2006 y permaneció en ese cargo hasta 2014, mediante tres resoluciones, organizó un plan de obras en distintas dependencias de la UNT, las comenzó a ejecutar con un régimen propio, por fuera de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156, y acordó con YMAD, mediante acta del 2 de enero de 2008, declarar concluida la ciudad universitaria, con lo cual ese 40% de regalías que llegaran de la minería se debían repartir la mitad para las otras universidades y otra mitad para la UNT, ya de libre disponibilidad. En 2014, Florencio Aceñolaza, entonces director de la UNT ante YMAD, reveló que debido a ese cambio con el acta de 2008 la UNT había dejado de recibir $ 500 millones (unos U$S 110 millones de ese momento). Años después, en 2018, el acta de 2008 fue declarada nula por el Consejo Superior, y la UNT inició causa en la Justicia Federal en Catamarca para que se haga efectiva esa nulidad en YMAD.
El alegato de la fiscalía continuará hoy, a cargo de Lucía Doz Costa y mañana, con Agustín Chit, tras lo cual finalmente se hará el pedido de pena para cada uno de los imputados. Desde el próximo lunes será el turno de la querella, representada por Patricio Esperguín, y posteriormente de las defensas de los acusados. La sentencia quedaría pospuesta para luego de la feria judicial
