El Gobierno de Javier Milei solicitó cuatro medidas urgentes para detener el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo incluye la suspensión de actividades petroleras, restricciones sobre información de exploración y medidas de protección ambiental.
El Gobierno argentino presentó este martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación apunta principalmente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en una zona marítima cuya soberanía reclama la Argentina.
La decisión se concretó después de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el emprendimiento.
El procedimiento había sido anunciado el 28 de septiembre por el presidente Javier Milei, cuando instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Según informó el Ejecutivo, el objetivo es preservar los derechos que reclama la Argentina sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas por el Reino Unido profundicen la controversia.
La presentación fue elaborada con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y otros organismos jurídicos del Estado.
Cuáles son los cuatro pedidos de Argentina
El canciller Pablo Quirno detalló los requerimientos formulados ante el organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania.
1. Frenar la explotación petrolera de Sea Lion
El primer pedido busca que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La solicitud se concentra en Sea Lion, cuyo desarrollo contempla comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial durante 2028.
2. Restringir el uso de información obtenida en las exploraciones
La Argentina también solicitó que el Reino Unido se abstenga de utilizar información geológica, geofísica y técnica obtenida durante las tareas exploratorias en perjuicio de los derechos reclamados por el país.
El objetivo es evitar que esos datos sean utilizados para avanzar con la explotación de los recursos mientras continúa la controversia internacional.
3. Garantizar la protección del medio marino
El tercer requerimiento incorpora una dimensión ambiental.
El Gobierno pidió que el Reino Unido deje de impedir el cumplimiento de las obligaciones que la Argentina considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR.
Estas disposiciones establecen obligaciones relacionadas con la preservación del medio marino y la prevención, reducción y control de la contaminación.
4. Evitar nuevas licencias de explotación
Finalmente, la Argentina solicitó que el Reino Unido se abstenga de adoptar decisiones que puedan agravar la controversia.
Esto incluye especialmente el otorgamiento de nuevos permisos para explorar o explotar recursos naturales en los espacios marítimos en disputa.
Los cuatro pedidos deberán ser evaluados por el Tribunal y su presentación no significa que las medidas ya hayan sido concedidas.
Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El organismo deberá analizar los argumentos presentados por la Argentina y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia que justifiquen una intervención.
El pedido se basa en el artículo 290 de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de establecer medidas provisionales para preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino mientras se desarrolla una controversia.
El Tribunal puede aceptar total o parcialmente las solicitudes, rechazarlas o establecer medidas diferentes.
En caso de disponer restricciones, estas serán obligatorias para las partes involucradas, de acuerdo con lo establecido por la Convención.
El procedimiento urgente es independiente del arbitraje principal, que podría extenderse durante varios años.
Aunque todavía no existe una fecha oficial para las audiencias, se estima que una primera resolución podría conocerse durante noviembre.
Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero que Argentina busca detener
El emprendimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y está desarrollado por dos compañías internacionales.
La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y, a fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para comenzar su desarrollo.
La primera etapa contempla la perforación de once pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
El cronograma empresarial prevé iniciar las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en el primer trimestre de 2028.
Pese a los reclamos argentinos, las compañías continuaron avanzando con sus compromisos de inversión y contrataciones.
Sin embargo, el Gobierno nacional informó recientemente que la empresa de servicios petroleros Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales participará en actividades relacionadas con Sea Lion.
El antecedente de la Fragata Libertad
Uno de los antecedentes del mecanismo judicial utilizado por Argentina es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana durante 2012.
En aquella oportunidad, el Gobierno argentino recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que permitieran liberar el buque.
La presentación se realizó el 14 de noviembre de ese año y, un mes después, el Tribunal ordenó su liberación inmediata e incondicional.
Aunque se trata de controversias diferentes, ambos procedimientos comparten la utilización de medidas urgentes mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
Otro antecedente vinculado específicamente con actividades petroleras es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se establecieron restricciones sobre nuevas perforaciones en una zona marítima cuya delimitación estaba en discusión.
La disputa de soberanía y la posición del Reino Unido
El reclamo argentino se enmarca en la histórica controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
Por su parte, la Resolución 31/49, de 1976, llamó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso de negociación.
El Gobierno argentino sostiene que las autorizaciones británicas para explotar recursos hidrocarburíferos en las áreas marítimas en disputa afectan los derechos que reclama el país.
El Reino Unido, en cambio, defiende las actividades autorizadas por las autoridades de las islas y considera que se encuentran amparadas por el marco jurídico aplicable.
Uno de los principales puntos que deberá examinar el Tribunal será su competencia para intervenir, dado que la CONVEMAR establece mecanismos para resolver controversias marítimas, pero no constituye por sí misma un instrumento para decidir disputas de soberanía territorial.
Por esa razón, el planteo argentino se concentra en la explotación de recursos naturales, las obligaciones ambientales y la preservación de derechos mientras continúa el conflicto.
Qué pasará ahora con la explotación petrolera en Malvinas
Con la presentación de este martes, el Gobierno argentino avanzó hacia una nueva instancia judicial internacional.
La decisión que adopte el Tribunal será determinante para establecer si corresponde imponer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos naturales de la Cuenca Malvinas Norte.
Mientras tanto, las empresas mantienen sus planes para iniciar las perforaciones en 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.
La Argentina busca obtener una resolución antes de que el proyecto ingrese en su etapa de explotación, mientras sostiene su reclamo de soberanía y plantea la necesidad de retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido.
