El municipio del limón recibe $2.300 millones. Estuvo ocho meses fuera del acuerdo.
Tafí Viejo se reincorpora al Pacto Social de la Provincia tras su salida en enero pasado. El Concejo Deliberante aprobó, por 11 votos a uno, el retorno al esquema de asistencia financiera por el cual la “Ciudad del Limón” recibe $2.300 millones para cubrir salarios a cambio de sus fondos coparticipables.
La administración de Alejandra Rodríguez decidió solicitar el regreso al Acuerdo Fiscal luego de que se hubieran efectuado tres asistencias financieras consecutivas desde la Casa de Gobierno. El Poder Ejecutivo a cargo de Osvaldo Jaldo transfirió a la ciudad $1.330 millones en junio; $1.150 millones en julio y $1.200 millones en agosto para asegurar el pago de salarios de los empleados estatales.
Así fue como, tras solicitarlo por nota al Gobierno, Tafí Viejo firmó el acuerdo y lo envió al Concejo Deliberante para que sea refrendado. El decreto provincial que suscribe el acuerdo afirma que “las difíciles circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa nuestro país repercuten en el erario provincial, como así también en los de las municipalidades, resultando pertinente el accionar conjunto del Estado Provincial y los municipios de la Provincia, a fin de aplicar las medidas fiscales conducentes a asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales”. Y faculta al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a convenir el acuerdo por el período septiembre-diciembre 2025 (ambos meses inclusive).
El regreso al Pacto Social fue aprobado en la última sesión parlamentaria, el viernes 19. Los concejales taficeños votaron a favor, en su mayoría, aunque con la negativa de Domingo Orquera (Fuerza Republicana).
Con el acuerdo, el municipio se compromete a no tomar créditos con otros organismos; a coordinar y optimizar sus sistemas de recaudación tributaria; a reducir en un 20% el gasto total; a ceder sus derechos sobre los recursos coparticipables correspondientes a la Coparticipación Federal y al Fondo de Desarrollo del Interior; a no incrementar la planilla salarial; y a abstenerse de iniciar acciones legales en contra de la Provincia, y desistir de las demandas judiciales que hubieren iniciado con anterioridad.
