El revuelo generado y la resistencia de la Municipalidad de Concepción frenaron la expropiación de un local céntrico en esa ciudad, que iba a tener como destino un edificio del Ministerio Pupilar de la Defensa, que conduce Washington Navarro Dávila.
El conflicto se inició en 2018, cuando ingresaron a la Legislatura dos proyectos de ley para proceder a la expropiación de dos inmuebles ubicados en la calle Nassif Estéfano de “La Perla del Sur”, a pocos metros de la plaza Mitre, para la construcción de nuevas oficinas del Poder Judicial de Tucumán, destinadas a los ministerios Fiscal y de la Defensa. Un año después, las iniciativas se convirtieron en ley y fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, que procedió a avanzar con el juicio mediante la Fiscalía de Estado.
En el medio surgieron contratiempos, reparos y el expediente se demoró prácticamente cinco años; en particular con el padrón destinado al Ministerio de la Defensa. Finalmente, la entrega del inmueble estaba fijada para los últimos días de diciembre de 2023, pero la medida fue suspendida y postergada para mañana, jueves 29. Sin embargo, tampoco se concretará.
La semana pasada, mediante las redes sociales, los dueños de una fábrica de calzados que funciona en el local en litigio denunciaron públicamente que serían afectados por la medida y que se pondrían en riesgo las fuentes laborales de unas 70 familias. “El lugar es el único en el que no pagamos alquiler y ayuda a 70 familias a sobrevivir”, remarcó en un video Sofía Salvatierra, en representación de la firma GERF. “Si nos desalojan, el precio que quiere pagar el Estado por ese inmueble es una locura, es pagar $1 cuando vale $100, es una locura, no tiene sentido”, añadió.
En paralelo, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, sumó su apoyo a los propietarios del local. “Repudiamos la conducta del Ministerio de la Defensa de querer posesionarse por supuesta expropiación improcedente y extemporánea del inmueble donde funciona el local comercial de una fábrica de calzados de calidad, propiedad de jóvenes emprendedores concepcionenses”, planteó el radical.
Y recordó que cuando hace más de un año el ministro de la Defensa lo visitó para contarle del proyecto, le advirtió personalmente que esa obra violaría el Código de Planeamiento Urbano. Incluso, se estableció por ordenanza la prohibición de construcción en altura. “Avanzamos con la imposibilidad de la obra por validez de la ordenanza que impide edificar a altura en esa zona central, más el caos vehicular que produciría la concentración de la mayor parte del Poder Judicial en el microcentro”, afirmó. Esto, en referencia a que la sede de la Justicia provincial en Concepción se extiende sobre la calle España, frente a la plaza, y colindante con GERF.
“Si es necesario, haremos presentaciones ante la corte para evitar este trabajo en ese edificio, sin excepción para dejar debidamente claro que apoyamos todas las obras en lugares apropiados para el crecimiento de nuestra Ciudad”, reforzó Molinuevo.
El reclamo público de ella y su pareja, Santiago Rocchia, también llegó a oídos del gobernador, Osvaldo Jaldo, que instruyó a sus funcionarios para que dieran marcha atrás con la entrega del inmueble prevista para mañana. Ocurre que toda expropiación corre por cuenta del Gobierno, con destino específico según lo determina la ley; en este caso, era el Ministerio de la Defensa.
Ayer, luego de que la Provincia diera su conformidad, la jueza María Ivonne Heredia decretó la suspensión de la medida, según publica La Gaceta. El Ministerio de la Defensa respondió mediante un comunicado de prensa y se desligó del proceso judicial. Navarro Dávila afirmó que el Ministerio que conduce “no tuvo intervención alguna en el juicio originado por dicha expropiación, dado que es la Fiscalía de Estado de la provincia el órgano que legalmente debe llevar adelante dichos procesos”.En el texto se aseveró que el trámite de expropiación ingresó a la Legislatura el 21 de septiembre de 2018, antes de que asumiera Navaro Dávila, el 30 de octubre de ese año. “El Ministerio Pupilar y de la Defensa fue notificado por el juzgado interviniente que la entrega del inmueble estaba fijada para los últimos días del mes de diciembre del año 2023, medida que fue suspendida y, con posterioridad, se fijó nueva fecha para el jueves 29 de febrero del corriente año. Con esta decisión judicial de nueva fecha de entrega, aparecieron distintas versiones y situaciones ajenas al Ministerio de la Defensa dado que desde el inicio no fue parte en el juicio y, de ninguna manera, generó perjuicio alguno”, se precisó.
