El decreto firmado por el presidente Javier Milei se da en el contexto de la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta 2025
El presidente Javier Milei firmó un decreto que dispone la intervención de los principales medios públicos del Estado argentino, así como el nombramiento de nuevas autoridades para dirigirlos. Esta medida, enmarcada en el contexto de la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta 2025, busca reorganizar y optimizar el funcionamiento de estas entidades, según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70 del 20 de diciembre de 2023.
El decreto firmado por el presidente Milei se basa en una serie de considerandos que abordan la creación y funcionamiento de entidades como EDUC.AR Sociedad del Estado , Télam Sociedad del Estado, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y Contenidos Públicos Sociedad del Estado. El argumento principal es la “necesidad” de una reorganización profunda de las empresas públicas para mejorar su eficacia y eficiencia en la prestación de servicios.
Foto: ámbito.
El decreto, también se designó a Diego Martin Chaher como Interventor de Radio y Televisión Argentina, así como de Télam , Contenidos Públicos y EDUC.AR, con carácter “ad-honorem”. Asimismo, nombró a Diego Sebastián Marias como Interventor Adjunto de estas entidades.
Diego Chaher es director Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink y director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales. Es mendocino y trabaja en el Grupo América durante casi 20 años y en UNO Medios durante 16, en todos ejerciendo funciones en áreas legales. Es también gerente de Canal 8 de San Juan, del Grupo América.
Diego Marias asumió como diputado porteño en 2017 hasta 2019 en un reemplazo por ocupar el puesto 20 de la lista de Unión-PRO. Hasta entonces, se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al ministro Esteban Bullrich.
Javier Milei interviene los medios públicos del Estado y nombra a Diego Chaher como titular. (Foto: La Opinión Austral).
Entre las facultades conferidas a los interventores se encuentran la elaboración de un plan de reformulación y acción para las sociedades, la evaluación y modificación de estatutos y reglamentos internos, la revisión de la administración de compras y contrataciones, entre otras responsabilidades destinadas a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.
Cabe destacar que la medida también faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para atender los requerimientos derivados de esta intervención.
FUENTE: La Opinión Austral
