El juez Martín Cormick aplicó una sanción económica al jefe de Gabinete por la falta de cumplimiento de una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para becas. La decisión se conoció en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria.
La Justicia federal dispuso una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien consideró que el Gobierno nacional no había acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente.
La sanción se conoció a pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.
La medida cautelar exige recomponer y actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, además de garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles.
El magistrado resolvió aplicar las multas después de las intimaciones realizadas al Poder Ejecutivo y ante un nuevo reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Por qué la Justicia decidió multar al Gobierno
En su resolución, Cormick sostuvo que correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre debido al incumplimiento de la orden judicial.
El juez estableció inicialmente una sanción de $100.000 por cada día de demora, aunque advirtió que el monto podría modificarse y que también podrían incorporarse otros funcionarios.
La multa, conocida jurídicamente como astreinte, tiene como finalidad exigir el cumplimiento de una obligación judicial.
En este caso, recae sobre Santilli por su condición de titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado la aplicación de estas sanciones al sostener que el Ejecutivo continuaba sin implementar las actualizaciones salariales y presupuestarias ordenadas.
Previamente, Cormick había otorgado un plazo de cinco días para cumplir con la cautelar, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente concedió una prórroga por un período similar.
Al considerar que la situación persistía, el magistrado avanzó con la sanción económica.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La controversia judicial gira en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan medidas para recomponer los salarios universitarios y actualizar los fondos destinados a becas.
La normativa establece que las remuneraciones del personal docente y no docente deben ajustarse para compensar la inflación registrada entre enero de 2023 y julio de 2025.
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, esa recomposición representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025.
La ley también contempla actualizaciones mensuales vinculadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Respecto de las becas estudiantiles, la medida cautelar exige garantizar la recomposición y actualización de los recursos correspondientes.
El Gobierno había sostenido que estaba cumpliendo con las obligaciones y presentó argumentos relacionados con los aumentos salariales otorgados y las negociaciones con los gremios.
Sin embargo, el juez consideró que no se había demostrado el cumplimiento integral de lo ordenado.
La medida cautelar continúa vigente
La sanción económica se aplica dentro de un expediente cautelar que mantiene su vigencia, independientemente de la discusión judicial sobre la aplicación de la ley.
En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar una apelación presentada por el Estado contra otro fallo de Cormick.
En esa resolución, el magistrado declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
La medida cautelar sobre salarios y becas ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio.
Por lo tanto, la apelación relacionada con el decreto no suspende la obligación de cumplir con la actualización salarial y los fondos para becas.
Este jueves habrá una nueva Marcha Federal Universitaria
La resolución judicial se conoció en medio de un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
Este jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por autoridades universitarias, organizaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes.
En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 13.30 y confluirá frente al Congreso de la Nación.
También habrá manifestaciones en distintas provincias, con el objetivo de reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario.
La convocatoria se produce después de sucesivos paros, protestas y presentaciones judiciales vinculadas con el presupuesto de las universidades nacionales.
Mientras continúa el conflicto, la multa diaria permanecerá como mecanismo para exigir el cumplimiento de la orden judicial, con la posibilidad de que el magistrado revise su monto si persiste el incumplimiento.
