El hombre, que aceptó radicarse en Santiago del Estero para evitar ser enjuiciado, se escapó y nadie sabe dónde está.
La Justicia pidió la detención de un acosador que hizo vivir una pesadilla a una joven de Tafí Viejo por más de una década. El hombre, se arrancó la pulsera de seguimiento, y nadie sabe a dónde se encuentra. Por el momento, la víctima ya cuenta con consigna policial en su casa.
“Hace 12 años que vengo haciendo denuncias porque una persona que no conocía aparece en mi domicilio alterando la paz de mi entorno. Me perseguía a la salida de donde estaba y la verdad es que estoy cansada; nadie puede vivir 12 años psicológicamente estable con una persona acechándote. Si vos le dijiste desde el primer momento ‘no aparezcas más’, eso tiene que ser así. Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva; porque no sé si él va a estar en la puerta de mi casa con un cuchillo, con un arma o qué quiere. Quiero que de verdad haya una conclusión para esta historia y que no se acerque más a mi vida”, manifestó la víctima el 1 de noviembre del año pasado cuando se ventiló su caso.
En una audiencia donde se decidió procesar a Federico Adrián Punturo por el delito de desobediencia judicial por haber incumplido una orden de alejamiento dictada por el Juzgado Civil V de Familia el 24 de octubre de 2024. Por resolución de la jueza Isabel Méndez, el hombre fue trasladado al hospital Obarrio para que un equipo interdisciplinario evalúe si debe permanecer internado en dicha institución. Caso contrario estará bajo arresto domiciliario por los próximos 15 días mientras continúa el proceso.
El querellante Patricio Char impugnaron la sentencia de la jueza y acompañados por la fiscala Adriana Reinoso Cuello, solicitaron nuevamente que Punturo cumpla la medida de 40 días de preventiva, alojado en Villa Urquiza o en una comisaría, para resguardar el proceso. El juez interviniente aceptó el planteo.
Medidas
Hubo conversaciones entre las partes y decidieron cerrar el caso a través de una probation, es decir, el acusado evitaba ser enjuiciado a cambio de cumplir con algunas medidas durante tres años. Entre otras, el imputado aceptó:
– Residir en el barrio Bruno Volta, en Santiago del Estero. La vivienda pertenece al pastor Walter Díaz que aceptó darle alojamiento e informar el debido cumplimiento de la orden.
– Someterse al control del Patronato de Internos y Liberados y a la Oficina de Control de Acuerdos y Reglas de Conductas, con la debida articulación con las oficinas de la vecina para que cumpla con las reglas de conducta.
– Aceptó la prohibición de ingresar a la provincia sin previa autorización judicial.
– Utilizar una pulsera de geolocalización de rastreo.
– Continuar con el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico hasta tanto determinen los profesionales tratantes.
– Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
– No portar cualquier tipo de arma de fuego propia o impropia.
– Pagar una reparación económica de $300.000 a favor de la víctima.
– Realizar tareas comunitarias no remuneradas dos horas semanales, durante el plazo de un año en el Comedor Rayito de Esperanza, ubicado en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.
– Asistir a un curso o tratamiento sobre cuestiones de género en la vecina.
Antes de que se cumplieran los nueves meses del acuerdo, Puntero se sacó la pulsera sin autorización. Ante esta situación, el querellante Char solicitó una audiencia para denunciar el incumplimiento de una de las reglas.
Del debate debería haber participado el acusado, pero comunicó que no podía conectarse de manera virtual por problemas técnicos. Se esperó un tiempo prudencial y no apareció más. Ante esta situación, el representante de la víctima solicitó que se le dicte la orden de captura y que a la víctima se le asigne una custodia personal. El representante del Ministerio Público adhirió al planteo y el juez interviniente aceptó todo lo pedido.
