La relatora Solana Casella refutó la denuncia que se hizo contra su esposo por supuesto tráfico de influencias contra un camarista.
Una denuncia por presunto tráfico de influencias, en la que se involucra a un allegado a uno de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, tiene en vilo a los miembros de la Justicia Federal de la provincia. Se trata, según la investigación, de un entramado de supuestas ventas de sentencias, que vincula a funcionarios públicos con un círculo afectivo y profesional.
Según el expediente, el 29 de abril de 2025, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se presentó espontáneamente en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Con documentos y testimonios, Martínez Salazar Pérez relató cómo Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido un fallo favorable en una causa que afectaba a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de una coima, señalando a Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y postulante a jueza federal, como la encargada de redactar la sentencia ofertada. Salazar Pérez se presentó junto al abogado Juan Andrés Robles, quien se convirtió en representante de la querella.
¿Qué dijo una de las involucradas?
“Mi persona no se encuentra siendo objeto de ninguna investigación en la Justicia Federal. En la causa no existe ni una sola prueba que pueda sugerir una vinculación de mi persona con la comisión de algún delito. El único que menciona mi nombre y apellido en la investigación es el denunciante Mario Martínez Salazar Pérez que dice que el señor (Luis) Ontiveros ofreció influencias a través de mi persona, pero no acompaña una sola prueba de sus dichos”. De esta manera, la abogada Solana Casella, relatora del camarista federal Mario Leal, deslindó responsabilidades en la investigación en la que se menciona a su esposo, Ontiveros, en una causa por supuesto tráfico de influencias.
Casella advirtió que “nunca existió ni existe una sola prueba en todo el expediente de que el señor Ontiveros hubiera siquiera pronunciado mi nombre. Tampoco existe una sola prueba en todo el expediente de que el mismo hubiera solicitado dinero para influenciar de alguna manera en la causa del hijo del denunciante”.
Casella aseguró: “nunca he tenido contacto de ningún tipo ni he hablado jamás con el denunciante, al que no conozco ni tampoco a su hijo, Jerónimo Martínez Parada (quien se encuentra procesado por lavado de activos y asociación ilícita). Presuponer que la sola cercanía o parentesco me vincula a una investigación de la que no soy parte, sería lo mismo que sostener que el denunciante Mario Alberto Martínez Salazar, por el solo hecho de ser el padre, debió saber y estar al tanto de los hechos por los cuales su hijo Jerónimo Martínez Parada se encuentra procesado por Lavado de Activos y asociación ilícita”.
La abogada, además, aseveró: “se me señala como ‘la persona que, por su posición, habría estado a cargo de redactar la sentencia supuestamente ofrecida a cambio de una coima’. Esto es absolutamente falso. En primer lugar, no he sido la relatora asignada en la causa de Jerónimo Martínez Parada. Además, durante todo el lapso de tiempo que tramitó el incidente de la causa que se denuncia, me encontraba de licencia por maternidad, lo que prueba de forma definitiva, clara y contundente que nunca relaté la causa en cuestión y que tampoco tuve posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, no existe ni siquiera la posibilidad o duda de mi participación en los hechos investigados”. “Aclaro también que me desempeño en Tribunales Federales como ‘relatora’, y somos varios los relatores. La afirmación respecto a que poseo un ‘rol clave’ en la Cámara Federal de Tucumán no resulta cierta. Además, pongo en conocimiento que yo no soy funcionaria pública, soy empleada del Poder Judicial Federal”, explicó.
“La afirmación de que ocupo un ‘puesto de relevancia en la justicia federal como relatora y como directora de despacho interina’ tampoco es cierta. Tampoco es correcto que eso me sitúe en un ‘lugar estratégico dentro de la justicia federal’. Yo no estoy ni jamás estuve en ese puesto de ‘directora interina de despacho’ de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. De hecho, ese puesto no existe en la Cámara Federal de Apelaciones, no es un puesto que esté creado y ni yo ni nadie tiene ese cargo. Mi función es ser relatora, y mi categoría escalafonaria se designa como ‘jefe de despacho’, situación que es idéntica a la de varios y varias relatores/as”, agregó la letrada.
Denuncia
Según la abogada, “la denuncia contra mi pareja no se sustenta en ninguna prueba. Es muy fácil comprobar que lo que el denunciante dice es falso. El denunciante Martínez Salazar señala que el supuesto delito se cometió en el interior de un auto al cual describe con todo detalle y brinda el número de patente sin titubear, bajo juramento de decir la verdad”.
“Ese auto, está clarísimo en el mismo expediente, que pertenece a una ciudadana llamada Solana Cainzo (curiosamente nombre idéntico al mío y apellido similar) a quien no conocemos y jamás tuvimos ningún tipo de conexión ni vínculo con ella ni con su auto. Si se demuestra que ese auto no tiene ninguna relación con mi pareja y que el mismo auto no estuvo involucrado, por consecuencia lógica se demuestra que tampoco sucedió nada de lo que sostiene el denunciante que ocurrió en dicho vehículo”, relató. “Además, el denunciante afirma que acompaña un audio como supuesta prueba de la comisión del delito por parte de mi pareja, pero el mismo informe de gendarmería de ese expediente dice que el audio es ‘inaudible’ y que lo poco que se logra escuchar, no se escucha en ninguna parte a mi pareja solicitar dinero a cambio de una sentencia. Todo esto demuestra que se trata de una causa falsa, armada contra mi pareja para manchar nuestro buen nombre y honorabilidad”, dijo.
“Por estas razones se ha presentado una formal denuncia el 21 de agosto, en contra del señor Mario Martinez Salazar Pérez, para que se investigue la comisión del delito de falsa denuncia y/o falso testimonio”. -La Gaceta-
