La causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio.
Tras 15 meses de audiencias y la declaración de decenas de testigos, la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) tendrá definiciones este martes.
Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl decidieron que desde las 9.30, los cuatro imputados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras en el marco del juicio oral y público. Luego habrá un pequeño cuarto intermedio y finalmente se conocerá el veredicto.
Los acusados en el caso por las supuestas irregularidades en obras de la UNT con fondos mineros son Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.
Consultado sobre la inminente resolución judicial en esta causa, en la que la UNT es querellante, el rector Sergio Pagani se mostró prudente. “Nosotros esperamos una sentencia de la Justicia. Hace tiempo que estamos en estas circunstancias y lo que queremos es que se sepa la verdad”, dijo. Al ser consultado sobre si considera que hubo corrupción y desvío de fondos, advirtió que eso “lo dirá la Justicia”. “No seguí de cerca el juicio, y será el Consejo Superior el que emita una opinión una vez que tengamos la sentencia”, recalcó Pagani.
El rector de la UNT también destacó los avances de su gestión en materia de transparencia. “Estos años, junto con la vicerrectora, hemos avanzado mucho en ese aspecto. La universidad cambió en ese sentido y probablemente se siente un precedente no solo para nuestra institución, sino para todas las instituciones públicas del país”, concluyó.
El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El juicio oral se centra en los fondos mineros transferidos. Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.
Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obras Públicas.
Durante su gestión, resoluciones rectorales alteraron la carta orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron ese régimen especial para administrar esas obras. Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos que hoy están bajo sospecha. Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier” se inició una serie de obras relevantes en las dependencias del gran San Miguel de Tucumán.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria.
