La defensa de la expresidenta presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal para que se reviertan las condiciones de detención impuestas por el TOF 2.
La defensa de Cristina Kirchner presentó este viernes la apelación contra la decisión de la Cámara de Casación y solicitó que se revierta la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de las visitas a su domicilio donde cumple su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.
Con la firma de Carlos Beraldi, el documento presentado busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misma que ratificó su condena, revierta las condiciones de detención de la expresidenta.
El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.
Fue luego de una audiencia oral y pública en la que el fiscal desistió del recurso contra las condiciones del arresto.
Oportunamente, los abogados de CFK aseguraron que la regla impuesta por el TOF de que no pueda recibir visitas sin restricciones resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Los abogados aseguraron que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, reclamaron los abogados.
Sin embargo, Casación desestimó todos los planteos presentados y determinó que la presencia de una custodia policial no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, y que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal.
El voto de Casación fue dividido y el juez Mariano Borinsky votó en disidencia al sostener que correspondía revocar dichas restricciones.
El magistrado explicó que la medida en cuestión no se encuentra prevista en ninguna norma y, por lo tanto, el tribunal oral se extralimitó al dictarla, vulnerándose así los artículos 18 y 19 de la Constitución.
A diferencia de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Borinsky subrayó que luego de una condena firme, solamente pueden restringirse los derechos de la persona que autoriza la sentencia, y no otros como, por ejemplo, la intimidad y el ejercicio de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, quien constituye una figura destacada de un espacio político. /TN
