El Gobierno nacional suspendió o eliminó un total de 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, como resultado de una auditoría integral impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud.
La revisión abarca a más de un millón de beneficiarios y, según fuentes oficiales, permitirá un ahorro mensual superior a los $23.000 millones, basado en el monto promedio de cada pensión, que asciende a $289.000 entre el haber básico y el bono adicional.
Desde la administración nacional insisten en que la medida no persigue fines de ajuste, sino de saneamiento del sistema. “Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista”, declaró Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS.
Del total de bajas, 65.230 se debieron a inasistencias injustificadas a los controles médicos obligatorios, mientras que 6.643 correspondieron a personas fallecidas cuyos decesos no habían sido informados. Además, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente tras ser notificados del inicio del proceso de revisión, presumiblemente para evitar consecuencias legales.
Según estimaciones oficiales, las bajas podrían superar los 250.000 casos al concluir la auditoría, que se centra en las pensiones otorgadas en el marco de la ley 13.478 y el decreto 432/97. Quedan exceptuados del proceso los menores de edad y aquellos que ya fueron evaluados este año.
Las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los beneficiarios son notificados mediante carta documento y, de no presentarse a los controles médicos, se activa un protocolo escalonado que puede culminar con la cancelación definitiva del beneficio.
