Según les habrían explicado a los habitantes, la medida se decidió al contemplar que la zona notificada corre riesgo de inundaciones ante la posible crecida del dique El Cadillal.
La Fiscalía de Estado notificó a los vecinos de Alderetes, que viven entre el puente Barros y calle San Martín de Porres y desde el margen del río Salí hasta la vera de la ruta Alternativa, que deberán desalojar sus viviendas a raíz de un pedido realizado por el Director de la Unidad Ejecutora de Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Provincial, Hugo Vitale. Si bien la medida quedó suspendida, los vecinos solicitan soluciones al Estado.
El pasado 2 de julio al mediodía alrededor de una decena de patrullas y ambulancias coparon de imprevisto un tramo de la ruta Alternativa. Efectivos policiales descendieron de los vehículos y, guiados por empleados gubernamentales, comenzaron a golpear las puertas de los vecinos que viven en el tramo Jerusalén, en Alderetes. Al atender el llamado, los propietarios se encontraron con una orden de desalojo sin mucha más explicación que lo que decía el papel.
Como en la orden no estaba consignada la fecha de desalojo muchos se asustaron creyendo que sería en ese momento. Ante el desconcierto y el temor que sintieron al pensar que se quedarían sin sus hogares, los vecinos se reunieron en la Casa de Gobierno para exigir respuestas. “Nos explicaron que no se está llevando a cabo esta medida por considerar que usurpamos tierras del Estado sino porque las casas estarían construidas en una zona con peligro de inundación, ya que si el día de mañana se desborda el caudal del dique El Cadillal nosotros vamos a tomar esa agua. El tema es que ellos creen que los únicos afectados somos los que estamos ubicados en el tramo de la Alternativa que está hacia el lado de la vera del río, pero no es así; llega a romperse El Cadillal y no solo nosotros vamos a tomar agua sino todo Alderetes”, dijo Caterine Maltes.
No conformes con la respuesta recibida por el gobierno provincial, al día siguiente se reunieron en la Municipalidad de Alderetes para mantener una reunión con la intendenta Gutiérrez. “Ella nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que va a solicitar una audiencia en la Fiscalía de Estado y una con el Gobernador para darnos una respuesta concreta. Nos dio un papel donde se compromete en ayudarnos a frenar el desalojo o, en todo caso si se da el desalojo, a ayudarnos a analizar el problema”, contó Maltes. La Gaceta
