Finalizó la ventana de porcentajes más bajos de ese impuesto y el Gobierno decidió no extenderla para la segunda mitad del año.
El Gobierno decidió no extender la ventana temporal de baja de retenciones a la soja y el maíz, que así desde hoy volverán a pagar una alícuota mayor de derechos de exportación, una decisión que provocó un reclamo de las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria.
El viernes pasado el Poder Ejecutivo había determinado la prórroga de esa rebaja impostiva para trigo y otros cultivos, tal como había anticipado el Ministerio de Economía hace algunas semanas. Pero fuera de esa medida dejó a dos productos clave del agro argentino como la soja y el maíz.
De esta manera, las retenciones para el complejo soja pasarán de 24,5% para harina y aceite y 26% para poroto, a 31% y 33%, respectivamente. Por su parte, para maíz el incremento iría desde el 9,5% actual hasta el 12% vigente hasta mediados de enero.
“Con la suba de retenciones, el poder de compra del sector exportador se ve mermado. Tomando los valores actuales para embarques en julio, el poder teórico de compra de la exportación caería un 9% en soja y un 3% para maíz”, precisó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El lunes 24 de junio se convirtió en el día con mayor volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del año. Según datos difundidos por el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, ese día se anotaron 750.000 toneladas de soja para julio, 270.000 toneladas para agosto y otras 750.000 toneladas para septiembre, lo que representó más de 1,7 millones de toneladas comprometidas para embarque en el corto y mediano plazo.
Entre enero y mayo ingresaron USD 11.713 millones, lo que representa un aumento del 29% en relación al mismo periodo del 2024, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
En este contexto, la Mesa de Enlace elevó su queja ante el Gobierno, mencionó que la presión fiscal que sufre el campo es “asfixiante” y reclamaron que no haya más medidas de corto plazo sobre los derechos de exportación.
En un comunicado conjunto firmado por las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural), los dirigentes del agro pidieron “medidas urgentes y definitivas que atendieran los graves problemas de competitividad que arrastraba el sector”. Indicaron que estos planteos se realizaban en reuniones con legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo nacional y provincial y afirmaron que “lo seguiremos haciendo con responsabilidad y firmeza”.
La entidad señaló que el principal cuestionamiento a los derechos de exportación no residía solo en las alícuotas. Los definió como “un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” que, según expresaron, impidió aprovechar oportunidades para la inversión y el desarrollo federal. Para la Mesa de Enlace, esto generó retraso social, tecnológico y productivo, pese a los esfuerzos de productores y otros actores para sostener la producción y el arraigo rural.
También describieron “la presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta” como un factor que comprometía la competitividad del sector en provincias donde la cadena agroindustrial resultaba clave para el desarrollo, el empleo y la calidad de vida.
Los cultivos invernales incluidos en la resolución del Boletín Oficial el viernes pasado deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.
Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.
Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.
