En una maniobra inesperada que agitó aún más las aguas del escándalo narco-político en Alberdi, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi solicitó que la Justicia provincial se declare incompetente y que la causa pase al fuero federal. La propuesta desató una inmediata reacción del juez Fabián Rojas y de los defensores de los imputados, quienes rechazaron la iniciativa por considerar que no era el momento procesal adecuado.
El planteo se produjo al cierre de una maratónica audiencia de nueve horas, en la que se analizaron las imputaciones contra los exfuncionarios José Roldán, Pablo “Maceta” Barrionuevo, Albano Loru y el gremialista José “Cucha Mota” Funez, todos detenidos recientemente. Ya había sido imputado por delitos similares Roque “Chipi” Giménez, quien se encuentra con prisión preventiva por intimidación pública e instigación a cometer ilícitos.
La fiscal Mónica García de Targa justificó el pedido en nuevos elementos surgidos en la investigación, que indicarían que la organización delictiva no se habría limitado al narcomenudeo, sino que podría haber estado implicada en el transporte y comercialización de grandes cantidades de droga. Además, surgieron sospechas de lavado de activos, presuntamente canalizados a través de contrataciones de obras públicas realizadas por el municipio.
El expediente provincial, originado en el audio viral que reveló presuntos vínculos entre funcionarios y el narcotráfico, tiene su espejo en una investigación paralela que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien solicitó sin éxito la detención del ex intendente Luis Campos, de la legisladora Sandra Figueroa, del ex secretario de Hacienda José Roldán y de Giménez, por presunta participación en una red de lavado de activos y tráfico de drogas.
Ambas jurisdicciones —provincial y federal— trabajan sobre los mismos protagonistas, aunque con calificaciones jurídicas distintas. Para Vehils Ruiz, la red liderada por Campos, Figueroa y compañía funcionaba como una estructura organizada para legitimar ganancias ilegales y operar en el mercado del narcotráfico. En tanto, García de Targa avanzó en el plano local con imputaciones por delitos como intimidación pública, encubrimiento agravado y violación a los deberes de funcionario público, con miras a elevar la causa a otro nivel.
El paso siguiente será que García de Targa solicite una audiencia para formalizar el pase del expediente al fuero federal, paso clave si quiere que su investigación prospere bajo los delitos más graves de competencia nacional.
Aunque Luis “Pato” Campos todavía no fue detenido, su situación judicial se agrava con cada avance de la causa. Por ahora, es investigado en el marco de la justicia ordinaria, pero podría ser incluido en el tramo federal si prospera el nuevo pedido. Lo mismo ocurre con la legisladora Sandra Figueroa, ex intendenta de Alberdi, acusada de haber autorizado pagos millonarios que habrían sido parte del circuito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Mientras tanto, los últimos detenidos aguardan la resolución sobre su situación procesal, en una causa que promete seguir revelando conexiones entre el poder político, económico y las redes del crimen organizado en el sur tucumano.
