El nombre de Albano Loru, exconcejal de Juan Bautista Alberdi, quedó envuelto en el escándalo institucional que motivó la reciente intervención del municipio y su Concejo Deliberante. Mencionado en el polémico audio que derivó en investigaciones por narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita, Loru es ahora también objeto de cuestionamientos por su rol en una estructura de mantenimiento urbano que, según se presume, recibía fondos públicos a pesar de que ya existía personal municipal destinado a esas tareas.
“El único camino para sacar adelante a la ciudad es trabajando”, repetía Loru en redes sociales, donde solía publicar imágenes de las cuadrillas de limpieza y mantenimiento que había organizado. Esas brigadas, identificadas como los “Chalecos Verdes”, realizaban tareas de corte de césped, limpieza de canales, pintura de cordones, poda de árboles y recuperación de espacios públicos. Contaban con equipamiento costoso, desde motosierras hasta un camión con una frase impresa en su puerta: “Albano 2027”.
Loru alcanzó una banca como concejal por la lista “La Marea Verde”, aunque desde la agrupación política desmintieron vínculos con él. “No es afiliado ni trabaja con nosotros”, aclaró Sarita Assán, hija del referente capitalino del espacio. En cambio, se lo identifica como dirigente de la Juventud Peronista y presunto integrante de La Cámpora, con actividad en movilizaciones nacionales.
Su campaña, sin embargo, ya había sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades durante las elecciones. Vecinos y referentes opositores, como los exconcejales Luis María Díaz Augier y Adolfo Díaz Chavero, aseguran que durante la jornada electoral se habrían entregado dinero y droga a cambio de votos.
El conflicto se agravó tras la difusión del audio en el que el empresario Roque “Chipi” Giménez —también investigado por el escándalo— lo menciona como “producto suyo y de José Roldán”, exsecretario de Hacienda de la gestión de Luis “Pato” Campos. Tanto Campos como Roldán están bajo investigación federal, junto con la legisladora Sandra Figueroa, esposa del exintendente, por supuestos vínculos con el narcotráfico y maniobras de lavado.
Lo que inicialmente se presentó como una iniciativa comunitaria comenzó a generar sospechas cuando los recursos desplegados por los “Chalecos Verdes” superaban ampliamente las posibilidades de un concejal promedio. “Notamos que su patrimonio comenzó a crecer rápidamente, de forma muy similar a lo que sucedió con ’Chipi’ Giménez”, declaró la vecina Luisa de Pereyra.
Según los exconcejales que impulsaron pedidos de informe nunca respondidos por la gestión anterior, se estima que entre 80 y 100 personas formaban parte de la supuesta cooperativa que operaba bajo la coordinación de Loru. Hasta el momento, se desconoce el origen exacto de los fondos con los que se financiaban esas actividades. “Nunca se explicó cómo funcionaba esa estructura ni cuánto dinero se le asignaba”, señaló Díaz Chavero.
A todo esto se suman nuevas irregularidades: según denunció el sindicalista Juan Funez —testigo clave en la causa federal—, la maquinaria utilizada por los “Chalecos Verdes” desapareció de la ciudad tras la intervención. También expresó su preocupación por el futuro de los trabajadores involucrados en ese esquema informal.
Mientras tanto, la investigación que ya apunta a exfuncionarios municipales y legisladores provinciales podría extenderse hacia Loru, cuya figura aparece en el centro de un entramado político, social y económico que hoy es minuciosamente revisado por la intervención y por la Justicia.
