Se solicitaron medidas de prueba a la Jefatura de Gabinete y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encuentra en el centro de una controversia tras ser imputada por supuestos delitos relacionados con la adquisición de alimentos para comedores populares. La imputación se derivó de una denuncia que plantea irregularidades en la gestión de un millonario programa de lucha contra el hambre, que contempla una significativa transferencia de fondos.
La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Marijuan, busca determinar si hubo irregularidades en los procesos de contratación y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. En el marco de este análisis, se examinan posibles sobreprecios y direccionamientos en la selección de proveedores que habrían comprometido la transparencia del proceso.
Marijuan subrayó la importancia de que los alimentos no se conviertan en un negocio ilegal, haciendo hincapié en las obligaciones del Estado de manejar con eficiencia los fondos públicos. El caso, que se encuentra bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello, también indaga sobre las implicancias de funcionarios intermedios y empresarios en las licitaciones.
Desde el entorno de Pettovello, se han deslizado críticas a la denuncia, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra política destinada a deslegitimar la gestión actual, que busca corregir irregularidades del pasado. La denuncia fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien argumenta que el 8 de febrero de 2024, la ministra firmó una resolución para transferir $14 mil millones al programa de compras de alimentos, una operación que, según la denuncia, no se habría concretado.
Esta transferencia estaba destinada a un programa de la ONU para la adquisición de productos básicos como arroz, fideos y leche en polvo. Se alega, además, que el Estado habría acordado el pago de una comisión del 3% por la intermediación en este proceso, y que la licitación para la compra de un millón de unidades de cada producto no habría continuado.
La denuncia incluye elementos como órdenes de compra y correos electrónicos que podrían implicar a áreas esenciales del Ministerio de Capital Humano. La causa ha comenzado a tomar forma, con el fiscal Franco Picardi solicitando información a la Jefatura de Gabinete y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en relación con la transferencia y la licitación mencionadas.
