El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció la suspensión y apertura de sumario a 196 cooperativas de trabajo que fueron constituidas entre 2021 y 2023. La decisión se fundamenta en la detección de irregularidades en la conformación de estas entidades, principalmente la participación de algunos socios fundadores en múltiples cooperativas simultáneamente. Según el comunicado oficial difundido por la cartera de Sandra Pettovello, una misma persona, vinculada al Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, constituyó 14 cooperativas.
De la totalidad, 158 fueron conformadas con 3 o 5 integrantes, cantidad mínima permitida desde 2021, situación que ha sido modificada en diciembre de 2024 por el INAES, eliminando esa posibilidad en la constitución de cooperativas.
Algunos de esos ejemplos corresponden a 2 personas que constituyeron 14 cooperativas de trabajo cada una. En los argumentos vertidos por el INAES al dictar la Resolución 3243/24 se menciona que las cooperativas de trabajo “tienen por objeto brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben por ese concepto una contraprestación, siendo su aporte principal la fuerza de trabajo. Dicha fuerza de trabajo resulta fundamental para el cumplimiento del objeto social”.
Asimismo, se sostiene que “la constitución de múltiples cooperativas, con diversos objetos sociales, en forma casi simultánea y con los mismos (a veces sólo tres) asociados, en algunos casos en lugares distantes entre sí por muchos kilómetros, supone con alto grado de certeza, que fácticamente resultarán inviables”.
En los documentos oficiales también se sostiene que: “Lo señalado previamente lleva a concluir que las personas que constituyeron múltiples cooperativas de trabajo en el período reseñado no tenían la motivación de prestar su fuerza de trabajo a las mismas, dada la manifiesta imposibilidad de realizarlo, sino que lo hicieron por motivos que pueden implicar desvirtuar la figura de cooperativa de trabajo y hasta el fraude de la misma, ya que estas personas podrían haberse valido de la figura de la cooperativa para otros fines ajenos al cumplimiento del objeto social”.
Desde Capital Humano resaltaron que: “Uno de los dos casos mencionados que constituyeron 14 cooperativas corresponde a Emilce Aguirre, una conspicua dirigente del Movimiento Evita de Berazategui y cuyo hermano Matías Aguirre es el referente máximo del Movimiento Evita en dicho partido”.
Matías Aguirre, afirman desde Capital Humano, es concejal de Berazategui y se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual era conducida en ese momento por Emilio Pérsico.
Las principales irregularidades detectadas por el INAES fueron las siguientes:
-Socios fundadores en múltiples cooperativas: se identificó que, al menos, un socio fundador de cada una de las 196 cooperativas también había constituido otras cuatro o más en el mismo período.
-Cantidad mínima de integrantes: 158 de las 196 cooperativas se conformaron con tres o cinco integrantes, la cantidad mínima permitida desde 2021. Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando el INAES eliminó la posibilidad de crear cooperativas con tan pocos miembros.
-Casos extremos de fundación de cooperativas: se detectaron dos personas que constituyeron 14 cooperativas cada una.
-Domicilios en sedes de organizaciones políticas: en algunos casos, varias cooperativas compartían la misma dirección, incluso en sedes de organizaciones sociales y políticas.Argumentos del INAES para la suspensión
El informe del INAES menciona:
-4 de las cooperativas fundadas por Emilce Aguirre tienen domicilio en un local del Movimiento Evita, ubicado en Avenida 14 N° 4452, Berazategui.
-Otras 4 cooperativas tienen sede en calle 21 N° 2615, esquina calle 126, también vinculada al Movimiento Evita.
En los documentos de constitución de cada cooperativa, Emilce Aguirre declaró profesiones diversas como albañil, cocinera, comunicadora, cuidadora, estudiante y trabajadora de mantenimiento.
Medidas adoptadas por el INAESA raíz de estas irregularidades, el INAES determinó la suspensión inmediata de las 196 cooperativas, la apertura de sumarios administrativos para investigar la legalidad de cada una y la revisión de las modificaciones en las regulaciones sobre la cantidad mínima de socios en cooperativas.
El 15 de enero pasado, el INAES ya había dispuesto la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales por falta de presentación de documentación. Esa medida se adoptó en el marco del Plan de Reordenamiento y Control del padrón de entidades que obtuvieron su personería jurídica hasta el 31 de diciembre de 2022. El objetivo central del mencionado plan, según refirieron en el INAES, “es resguardar la figura y valores del cooperativismo y el mutualismo, así como también evitar su desvirtuación, abuso y utilización partidaria”.
Cabe recordar que en el transcurso del año 2024, a través de la Resolución 878/24, el INAES intimó a todas las cooperativas y mutuales que adeudaban la citada documentación a regularizar su situación, pues ello denotaba la falta de funcionamiento regular.
El Gobierno de La Libertad Avanza también suspendió la actividad y dio de baja a otras 33 cooperativas investigadas en la “Causa Guardapolvos”. En este caso, la Justicia las investiga por presunto “lavado de dinero”.
Esas entidades, ligadas a movimientos sociales peronistas y kirchneristas, “no tenían capacidad para desarrollar el trabajo”. De hecho, cobraron la mayor parte del millonario contrato que les había otorgado el ex ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, y no entregaron las prendas.
El juez Julián Ercolini convocó en su momento a la división de lavado de activos de la Policía Federal Argentina para investigar un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la causa “Guardapolvos” en la que están involucradas un total de 33 cooperativas que habrían recibido más de 5.000 millones de pesos del Estado para la confección de más de un millón y medio de esas prendas, pero que habrían entregado menos de la mitad y cobrado el 80% del total del dinero girado por el Estado.
Una auditoría del Instituto descubrió “graves irregularidades” en su funcionamiento. Por ejemplo, “utilizando su estructura formal, eludieron la normativa vigente para este tipo cooperativo de trabajo, con prácticas que no se condicen con un trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado, y para el beneficio exclusivo de ese grupo de personas”.
En otras palabras, tenían a sus trabajadores, que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en situación de semi esclavitud y hacinamiento. /Infobae
