Con 144 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que impide a condenados por corrupción ocupar cargos públicos, en medio de una discusión marcada por cruces entre oficialismo y oposición
El proyecto de Ficha Limpia fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación con un total de 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones y 13 ausentes. La iniciativa, que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción accedan a cargos públicos, generó un amplio debate en el recinto y dividió a los legisladores.
La sesión, que se llevó a cabo durante gran parte de este miércoles, fue presidida por el presidente de la cámara baja, Martín Menem. El resultado de la votación reflejó el posicionamiento de los distintos bloques políticos respecto a la iniciativa, con un fuerte respaldo de sectores alineados con el oficialismo y parte de la oposición, mientras que el rechazo provino principalmente del bloque Unión por la Patria y representantes de la izquierda.
El debate se extendió por varias horas y estuvo marcado por fuertes cruces entre los distintos bloques. Mientras el oficialismo y la oposición dialoguista defendieron la medida como un avance en la transparencia electoral, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron que la iniciativa se trata de una herramienta de proscripción política. A continuación, un detalle sobre cómo votaron los diputados, segregado por tipo de voto.
La aprobación del proyecto responde a la intención de los legisladores de promover transparencia en la gestión pública y restringir el acceso a cargos políticos a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción.
Como votaron los diputados de Tucumán
De los siete diputados de Tucumán, cinco votaron a favor (Mariano Campero, Elia Marina Fernández, Agustín Fernández, Gerardo Huesen y Gladys Medina). Uno en contra (Pablo Yedlin). Y un ausente (Carlos Cisneros).
Con la media sanción en Diputados, el proyecto de Ficha Limpia pasa al Senado, donde deberá ser debatido y aprobado para convertirse en ley. De ser sancionada, la normativa impediría que personas con condenas firmes por delitos de corrupción puedan acceder a cargos electivos o funciones públicas.
El debate sobre la medida continuará en el Congreso y en la opinión pública, con posiciones divididas entre quienes consideran que garantiza transparencia y quienes la ven como un posible mecanismo de exclusión política. Ahora, la atención se centra en el Senado, donde el destino del proyecto quedará definido en las próximas semanas.
