La Justicia decidió confirmar, excepto en un caso, las durísimas penas a las que fue condenado un grupo de policías, acusados de haber secuestrado y asesinado a Luis Fernando Espinoza. El hombre fue asesinado de un disparo en la espalda el viernes 15 de mayo de 2020, en medio de incidentes durante una carrera cuadrera ilegal en la localidad de Melcho (Simoca).
Los sospechosos mantuvieron oculto el crimen e intentaron hacer creer que la víctima se había escondido en el monte. Luego, de acuerdo con la investigación, llevaron el cuerpo hasta la comisaría de Monteagudo y finalmente lo arrojaron por un precipicio en la zona de La Banderita, en Catamarca, donde días después fue hallado tras una intensa búsqueda.
La fiscala Mónica García de Targa del Centro Judicial de Monteros, la primera en investigar, imputó a los policías Rubén Montenegro (subcomisario), José Morales (oficial), Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas, Claudio Zelaya, Héctor Villavicencio y Álvaro González por el delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona.
En abril de 2021 pidió la elevación a juicio, sin embargo el defensor de Zelaya, José Luis Robles, apeló sosteniendo que, por el tipo de delito, se trataba de una causa que debía tratar la Justicia Federal. El Tribunal de la Cámara de Casación, integrado por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, resolvió finalmente que la causa pase a manos de la Justicia Federal. Durante el juicio, el fiscal Pablo Camuna y la auxiliar Lucía Doz Costa dieron por probados los hechos, y pidieron condenas para todos, excepto para Álvaro González.
Sostuvieron que los efectivos ingresaron al pueblo realizando disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales. Una bala ingresó por la espalda de Espinoza y le quitó la vida. A este pedido se plegó el representante de la querella, Carlos Garmendia.
El 29 de marzo del año pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal Carlos Jiménez Montilla, Jorge Basbús (votó en disidencia) y Enrique Lilljedahl, por mayoría, resolvieron condenar a prisión perpetua al oficial José Alberto Morales, al subcomisario Rubén Héctor Montenegro y a los efectivos Claudio Alfredo Zelaya y Gerardo Esteban González; y sentenciar a Mirian Rosalba González a 12 años de prisión como partícipe secundaria del homicidio y coautora de privación ilegítima de libertad.
Como coautor de ese segundo delito también condenaron a Víctor Manuel Salinas a siete años de prisión y a Carlos Lisandro Romano, José María Paz y René Eduardo Ardiles, a cinco años por encubrimiento. Por último, absolvieron por el beneficio de la duda al vigía comunal Héctor Fabio Villavicencio y al estudiante Álvaro Gonzalo González.
Pero como se había dado una disidencia entre los jueces, los defensores decidieron ir en Casación. Ahora, la resolución fue dada a conocer por los vocales de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Antonio Petrone. Según los fundamentos del fallo, “se comprobó la materialidad de los hechos: la muerte de Luis Armando Espinoza y la privación ilegítima de la libertad de (su hermano) Juan Antonio Espinoza.
Se determinó que un grupo de policías, abusando de sus funciones, llevaron a cabo un procedimiento ilegal en Melcho. Se descartó la hipótesis del fuego cruzado: las pruebas demostraron que los únicos que dispararon fueron los policías”. Además los vocales dieron por acreditado que “José Alberto Morales le disparó a Luis Armando Espinoza, causándole la muerte y se comprobó que Juan Antonio Espinoza fue golpeado y esposado por los policías, sin justificación legal”. Además, “se determinó que varios policías participaron en el encubrimiento del homicidio, alterando pruebas y obstaculizando la investigación.
Los jueces, en consecuencia, decidieron rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Carlos Romano, considerando que no se había vulnerado el derecho de defensa en juicio. Además se confirmó la responsabilidad penal de los acusados, con la excepción de Mirian Rosalba González. También se descartó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta a José Alberto Morales, Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas y Claudio Alfredo Zelaya.
Y se modificó la calificación legal en contra de Mirian Rosalba González de partícipe secundaria de homicidio y coautora de privación ilegítima de la libertad a coautora de encubrimiento agravado, por lo que se la condenó a cuatro años y siete meses de prisión, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por igual término. Además se ratificó para todos los condenados una reparación integral a las víctimas de 20 millones de pesos, actualizable según el índice de inflación.
Al respecto, el juez Carbajo consideró que la sentencia condenatoria era sólida, con la excepción del caso de Mirian González ya que, dijo, no se había probado con certeza que ella tuviera conocimiento del plan para cometer los delitos.
La sentencia destaca la gravedad de la violencia institucional y el abuso de poder por parte de los policías involucrados. /La Gaceta
