En el contexto de una investigación que ha captado la atención pública, la causa vinculada al hallazgo de mercadería destinada a familias vulnerables dio un giro significativo con la declaración de un testigo clave. Este testigo, un técnico informático de 43 años llamado Mauricio Romo, se presentó ante la Justicia y aportó detalles que podrían impactar el desarrollo de la pesquisa.
Romo, quien había sido detenido inicialmente pero luego liberado, reveló que había trabajado junto a Juan López desde 2017, realizando tareas administrativas relacionadas con el manejo de planillas que se presentaban al Ministerio de Desarrollo Social. Según su testimonio, no estaba convencido de que los alimentos destinados a la asistencia social realmente llegaran a las familias en situación de vulnerabilidad.
«Ellos me daban la información y yo cargaba, era lo único que hacía, pero no creo que todas esas personas hayan recibido la mercadería», aseguró Romo durante su audiencia. El juez interviniente, al evaluar su colaboración con la investigación y su rol en el presunto delito, optó por no dictar prisión preventiva para Romo, a diferencia de otros imputados en la causa. En su lugar, se le impusieron reglas de conducta que incluyen la fijación de un nuevo domicilio y la prohibición de contacto con coimputados o testigos.
La causa se originó tras un allanamiento en una vivienda de Manantial Sur, donde las autoridades encontraron cuatro toneladas de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social. Este descubrimiento llevó a la provincia a convertirse en querellante en el expediente, lo que aceleró las investigaciones. Posteriormente, la fiscal Mariana Rivadeneira presentó cargos formales contra Alberto Felipe López y Juan López Cansillieri, acusándolos de peculado por haber acumulado productos alimentarios que debían ser distribuidos a poblaciones vulnerables y comedores.
A medida que la investigación avanzaba, se realizaron varios allanamientos en distintas localidades, donde se secuestraron más alimentos y se detuvo a otros involucrados. Entre ellos, se encontraron a Arturo Alejandro Augier y Malvina Soledad Décima, mientras que Brenda Muñoz se entregó a la policía al día siguiente.
Durante una reciente audiencia, Romo se convirtió en el primer arrepentido de la causa y solicitó medidas de protección, alegando que su testimonio podría tener repercusiones graves, dado que se estaba enfrentando a personas influyentes en el entorno delictivo. La Justicia accedió a su solicitud y decidió otorgarle custodia permanente.
En su declaración, Romo aludió a la existencia de un listado de mercadería que indicaba las ventas ilegales de los productos. Afirmó: «Una vez encontré una planilla que estaba a nombre de Juan López que tenía un listado de mercadería y el monto que se le debía cobrar».
Romo también aclaró su relación laboral con los acusados, mencionando que había dejado de trabajar con ellos a principios de año y que nunca le cumplieron las promesas de empleo que le habían hecho. «Todo tengo guardado en la computadora. Puede comprobar todos mis dichos con sólo analizar el CPU que secuestraron», indicó, enfatizando que su implicación en el caso es mínima.
«En mi casa no encontraron nada de mercadería. No tengo nada que ver, lo único que hice fue trabajar con él a cambio de una promesa de trabajo que nunca llegó», concluyó.
