El Gobierno provincial recuperó más de cinco toneladas de comestibles que permanecían en calidad de secuestro en dos dependencias de la Policía, en el marco de la causa que investiga la posible venta de mercadería asignada por el Ministerio de Desarrollo Social a organizaciones civiles para su entrega a personas en situación vulnerable.
La medida fue concretada a partir del oficio remitido por la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que advirtió sobre la situación del “gran número de alimentos perecederos hallados” durante los allanamientos concretados la semana pasada en los barrios Manantial Sur (Capital) y Teresa de Calculta (Alderetes).
La mayor parte de los productos estaban en la seccional 15° de la Policía, situada en la zona sur de San Miguel de Tucumán, aunque una porción de las evidencias había sido almacenada en las instalaciones de la Dirección de Delitos Informáticos, en la sede de la ex Brigada de Investigaciones de Junín al 800.
La cartera que conduce Federico Masso asignó al director de Asistencia Directa, Sergio Orellana, la misión de coordinar el operativo de traslado de la mercadería, que fue enviada a los depósitos de Desarrollo Social.
El procedimiento puso en evidencia además el volumen de comida que estaba almacenada, especialmente en Manantial Sur, teniendo en cuenta que hicieron falta dos camiones para cargar las cinco toneladas alojadas en la seccional 15°.
En paralelo a la tarea logística, se dispuso que un equipo técnico de esa área lleve adelante los controles de rigor para evaluar el estado de los alimentos.
Una vez completados todos los pasos previstos, el Poder Ejecutivo (PE) podrá definir los pasos para la redistribución de la mercadería, que -según el expediente- estaba en poder de los dos dirigentes barriales imputados en el caso: Alberto Felipe López, de 58 años, y de su hijo, Juan López Cansillieri, de 39.
El oficio remitido por el Ministerio Público Fiscal a Desarrollo Social, además de autorizar el retiro de los productos secuestrados, consigna que se debe “disponer su entrega a entidades de bien público”, en línea con lo previsto con el artículo 183 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT).
Se cree que buena parte de esos comestibles formaban parte de los módulos alimentarios que el Gobierno provincial otorga a personas en situación de vulnerabilidad a través de organizaciones sociales.
De hecho, la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, está trabajando -desde su rol de querellante- en la presentación de la prueba relacionada a la trazabilidad de estos comestibles.
Sobre la base de la documentación aportada por Desarrollo Social, los representantes legales del Gobierno aportarán distintos datos, como los últimos lotes de módulos asignados a López (p) a través del Movimiento Provincial Tucumán (MPT).
En esas carpetas aparecen también las nóminas de beneficiarios que, siguiendo las pautas establecidas para el control y la rendición de entregas, aportaron copias de DNI y estamparon su rúbrica en las planillas oficiales. Estos elementos permitirán a los investigadores, por ejemplo, constatar si las personas incluidas en esas extensas nóminas efectivamente estaban recibiendo los módulos, compuestos por un puré de tomates, un paquete de lentejas, un paquete de azúcar, un paquete de yerba, un paquete de arroz y un paquete de fideos, un paquete de harina y una botella de aceite, según publica La Gaceta.
La principal hipótesis en esta causa, caratulada como peculado, es que al menos parte de la comida hallada en una casa de Manantial Sur estaba siendo comercializada. Es que, en el primer allanamiento, los efectivos de la seccional 15° se incautaron de anotaciones manuscritas en las que constan productos y precios. En esa propiedad, además, había una orden de entrega a nombre de López en la que figuraban alimentos correspondientes a 216 módulos para la organización MPT, con domicilio legal en el barrio Teresa de Calculta, Alderetes. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía no descartó que otras personas hayan formado parte de la presunta maniobra, por lo que se solicitó que se declare este trámite como asunto complejo. En ese sentido, la Justicia dispuso además que los sospechosos deberán continuar detenidos, bajo el régimen de prisión preventiva, por 90 días.
Una de las claves del caso, además de las derivaciones judiciales, se centra en las posibles ramificaciones políticas.
Es que López Cansillieri había sido designado como personal de bloque en la Legislatura durante esta gestión. Tras su detención, el vicegobernador Miguel Acevedo dispuso la inmediata tramitación de la baja. Sin embargo, la medida no dejó conforme a un sector de la oposición.
López (p), a su vez, había formado parte de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) hasta noviembre de 2023. Se trata de un ente de contención creado durante el manzurismo durante la interna en el PJ. Jaldo dispuso su eliminación días después de asumir al frente del PE.
