Detectaron decenas de “comedores fantasma” gestionados por piqueteros del Movimiento Evita 

Una auditoría del gobierno de Pullaro relevó 481 de los 800 comedores que supuestamente asistían a personas pobres. Pero el 40% no existían. Estiman que se desviaban 600 millones de pesos por mes

Una auditoría permanente del gobierno de Santa Fe, que empezó en enero y sigue en proceso, detectó que casi la mitad de los “comedores populares” gestionados por organizaciones piqueteras en la provincia no existían. La investigación de los funcionarios de Maximiliano Pullaro ya “recuperó” unos 100 millones de pesos mal asignados y se estima que el monto global involucrado en estas maniobras alcanzaría los $ 600 millones.

El gobierno provincial desde el 2 de enero puso en marcha un relevamiento sobre más de 800 instituciones y realizó auditorías sobre 481, de los cuales 222 están en Rosario y 259 en el centro norte de Santa Fe. De ese total relevados se suspendieron a 160 organizaciones por faltas e irregularidades, que derivaron en 10 presentaciones ante la justicia local.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se detectaron suplantación de identidad, lugares inexistentes o que declaraban un servicio alimentario que no daban. De acuerdo con ese reporte, las primeras presentaciones en tribunales de Santa Fe ocurrieron el 21 de febrero y luego se hicieron dos ampliaciones de denuncias, el 11 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.

El Movimiento Evita es uno de los más afectados por las auditorías a comedores populares

El relevamiento de la gestión de Pullaro se realiza sobre los tres programas alimentarios que ofrecer la provincia a unas 350 mil personas de bajos recursos económicos. Sobre un 55% de personas que padecen distintos niveles de pobreza, Santa Fe tiene la Tarjeta Única Ciudadana, la Tarjeta Institucional para comprar alimentos en lugares específicos y un programa de nutrición.La inversión total asciende a 2.000 millones de pesos, la mayoría canalizados a través de organizaciones sociales, piqueteros y otras instituciones que gestionan la atención de personas y familias con problemas de alimentación.

Las auditorías que se pusieron en marcha desde enero en Santa Fe tienen similitudes con las que viene realizando el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que precipitó un conflicto abierto entre la administración de Javier Milei y los grupos piqueteros. Tanto en Nación como en la provincia, el Movimiento Evita es uno de los afectados y donde se detectaron irregularidades.

“Arrancamos en enero con las auditorías y ya tenemos casi el 60% auditado. Encontramos lugares inexistentes, comedores que eran domicilios particulares o lugares que no tenían nada que ver con comedor o copa de leche. Detectamos un galpón vacío, un depósito vacío o incluso que daban una dirección que era un espacio público o un plaza”, explicó una de las fuentes oficiales.

El gobernador Pullaro puso en marcha una auditoría en los planes sociales
Desde el gobierno de Pullaro, de todos modos, aclararon que más allá de las irregularidades que empezaron a detectar “nunca se cortó la asistencia, siempre se siguió con los procedimientos existentes y, a medida que se encontraban las irregularidades o las faltas, se procedía a cortar”. “Y la plata que se ahorra, el Estado no se la guarda, no la ahorra, sino que la redistribuye en otros lugares”, explicaron.

“Hay movimientos sociales muy característicos de índole nacional donde se detectaron la mayoría de las fallas. Es importante aclarar que fueron ellos mismos los que nos facilitaron sus listados para hacer los controles y en la mitad hubo irregularidades o no existían”, indicaron y nombraron, entre otros, al Movimiento Evita y, más lejos, a la Corriente Clasista y Combativa.

El gobierno provincial insistió en que “no se interrumpió la atención a las familias” y admitió que, cuando se pidieron rendición de cuentas a los comedores populares por tener la Tarjeta Institucional los responsables explicaron a los agentes que fueron a controlar que en los últimos siete meses ninguno pedía certificados, tickets ni otros elementos para confirmar la aplicación correcta de los recursos públicos asignados. /Infobae